PROMOVIENDO EL PATRIMONIO CULTURAL en la escuela y la comunidad

Nicanor Becerra Castañeda

El país se caracteriza por su riqueza cultural y natural, pero también por la escasa conciencia en materia de conservación, valoración y defensa del patrimonio cultural, situación que se puede revertir si las instituciones educativas y la comunidad realizan esfuerzos conjuntos para desarrollar actividades de promoción patrimonial desde el aula, con estudiantes orientados por docentes y promotores culturales capacitados.


El Ministerio de Educación ha publicado la Directiva Nº 038-2009-DIPECUD 'Orientaciones para el Desarrollo del Programa de Promoción y Defensa del Patrimonio Cultural', con el objeto de promover el conocimiento, respeto, conservación, valoración y difusión del patrimonio cultural de la Nación, tanto material como inmaterial en los escolares y la comunidad en general.
El Programa busca incorporar en el quehacer pedagógico el tema de conservación, cuidado y promoción del patrimonio y está dirigido a estudiantes de educación básica regular, especial y alternativa, docentes y promotores culturales.


En el marco del Programa se realizarán las actividades siguientes:

1) Fortalecimiento de las redes de instituciones educativas y de la sociedad civil que impulsan la toma de conciencia sobre identidad cultural e inclusión de la diversidad cultural, a través de los CONEI y los Proyectos Educativos Institucionales (PEI);

2. Visitas a sitios patrimoniales (museos, sitios arqueológicos, sitios naturales, monumentos coloniales, etc.). Para el presente año se ha propuesto el tema Museos y Turismo (patrimonio cultural y natural).

3. Talleres de estrategias didácticas y metodológicas, articulando currículo y políticas culturales, dotando de herramientas básicas para la promoción de los bienes patrimoniales, materiales e inmateriales, con los estudiantes desde el aula y en contacto con la realidad.

4) Funciones de títeres y veladas de cuenta cuentos, orientado a rescatar la tradición y memoria oral (mitos, leyendas y cuentos)

5) Cuarto Concurso Nacional de Patrimonio Cultural: “Proyectos educativos innovadores en la promoción y defensa del patrimonio cultural material e inmaterial”, para incentivar el trabajo que realizan las instituciones educativas y comunales, en la promoción, conocimiento y valoración del patrimonio cultural.

El Programa, además, se propone movilizar y generar en la comunidad educativa y colectividad una cultura de respeto y valoración del patrimonio cultural local, fortaleciendo la identidad cultural en los estudiantes, así como el reconocimiento, protección y promoción de la diversidad cultural.

Para el éxito del Programa es fundamental que los docentes y promotores culturales se preparen en el manejo de herramientas metodológicas, estrategias didácticas y de planificación de actividades de promoción de los bienes patrimoniales, materiales e inmateriales; sólo así estaran en condiciones de promover desde las aulas, el conocimiento, respeto, conservación, valoración y difusión del patrimonio cultural y natural de sus comunidades.

LA ILUSIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO

Nicanor Becerra Castañeda

Los primeros meses de cada año cientos de profesionales y técnicos desempleados aspiran a una vacante, acudiendo al sector público que tiene la mayor oferta ocupacional, principalmente en educación, salud, programas sociales sectoriales y municipalidades. Sin embargo, el mayor problema es la demanda de trabajo que excede a la oferta laboral, situación que se agrava por la escasa transparencia de los concursos, desde la tardía (o no) publicación de vacantes, la seudo evaluación de expedientes, las sesgadas entrevistas y/o clases magistrales (caso de los docentes) o la –no pocas veces- adjudicación de vacantes a postulantes perdedores, ocasionando reclamos, procesos administrativos y judiciales, que muy pocas veces es solución oportuna y justa.

Ser declarado ganador no garantiza que se ocupe la vacante; casos registrados dan cuenta del despojo, entre gallos y medianoche, de su condición de ganadores y desplazados por el postulante perdedor en complicidad con algún funcionario de "la superioridad", gracias a una ventaja competitiva: una recomendación política, de parentesco o pecuniaria (poderoso señor, Don Dinero). Para muestra este botón: una profesora de un distrito de nuestro valle ganó vacante en una escuela de nivel primario; poco después fue "denunciada" por la colega perdedora de falsificación de documentos. La "superioridad" verificó la autenticidad de los documentos al cien por ciento, sin embargo, le quitó la plaza y le otorgó a la denunciante, por "mayor puntaje", dicen que el Comité que evaluó le había restado puntos (¿?) a la compañera profesora.

Pero también hay ganadores que no merecen esta condición; son aquellos que se valen de títulos profesionales y maestrías falsas para obtener un cargo, como es el caso de un "administrador" de una Municipalidad de este ubérrimo valle; el caso del docente de un instituto tecnológico a quien calificaron una certificación técnica de secundaria como otro título profesional, o el caso del profesor Enrique Verástegui Sisniegas quien ha denunciado favoritismo para otorgar la plaza de Director de la UGEL Pacasmayo a Sigifredo Alzamora, al que habrían otorgado indebidamente mayor puntaje utilizando documentos que no lo justifican, por ejemplo, una segunda especialización, entre otras perlas.

Estas injusticias (en realidad, actos dolosos) han creado un clima de descontento, desconfianza y escasa credibilidad en los concursos laborales del sector público. La ciudadanía y los postulantes a un trabajo están hastiados y asqueados de estos faneones, por lo que exigen respeto y cumplimiento cabal de las normas y procesos que regulan dichos concursos. Sugerimos en lo sucesivo, que toda convocatoria y evaluación de concursos públicos cuenten con la presencia del Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, Colegios profesionales, los medios de prensa, sindicatos y otros representantes de la sociedad civil, que aseguren la legalidad y transparencia de estos concursos y garanticen los derechos laborales de quienes postulan a un empleo en el sector público.